Mari Luz Margullón, concejala del PSOE en Villanueva de la Torre que sufre una discapacidad visual grave del 80%, lleva desde el año 2012 pidiendo al equipo de Gobierno del PP que toda la documentación oficial –convocatorias de pleno y comisiones, expedientes y toda la información necesaria para el desempeño de su labor municipal- se le facilite de forma adaptada a sus necesidades. Lo solicitó por primera vez por escrito el 25 de junio de 2012 y se ve obligada a repetir la petición prácticamente en todos los plenos municipales, en el turno de ruegos y preguntas. No pide gran cosa: que los textos estén en letra ampliada al tamaño 24 y en negrita. Simplemente con eso, podría leer por sí misma y sin un esfuerzo excesivo todos los documentos.
Sin embargo, el equipo de Gobierno del PP ha atendido las peticiones de Margullón en muy contadas ocasiones durante estos casi dos años. Cada vez que la concejala socialista se queja porque la documentación le sigue llegando en formato sin adaptar, los concejales del PP se limitan a pedir disculpas y asegurar que en la siguiente ocasión sí cumplirán con la obligación de remitirle los textos en condiciones aptas para que pueda leerlos fácilmente pese su discapacidad visual. Pero la siguiente ocasión llega y, casi siempre, los documentos están en formato normal, prácticamente inaccesible para una persona con las dificultades de visión de Mari Luz Margullón.
La edil del PSOE, que por su discapacidad visual está afiliada a la ONCE, se siente “discriminada y muy afectada por la vulneración sistemática de sus derechos que practica el equipo de Gobierno del PP”. Algo que, recuerda, es un incumplimiento reiterado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo de 2008.
Según dicha Convención, los estados que la han firmado y los poderes públicos están obligados a legislar y tomar medidas para garantizar la igualdad de las personas discapacitadas en la participación en la vida política y pública y en el acceso a la información y las comunicaciones, incluso atendiendo los requerimientos individuales de estas personas.
En materia de acceso a la información y las comunicaciones, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad indica, textualmente, que “se facilitará la utilización de medios aumentativos y alternativos de comunicación y todos aquellos medios y formatos accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales” (art. 21 de la Convención). Además, se define como “discriminación por motivos de discapacidad” la denegación de ajustes razonables, que a su vez se definen como “modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (art. 2 de la Convención).
También en el artículo 29 de la Convención se dice que se “promoverá activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre cumplía la normativa sobre discapacidad hasta la llegada del PP al Gobierno municipal.
Mari Luz Margullón subraya que puede desenvolverse con total normalidad, tanto en su vida cotidiana como en sus labores municipales, siempre que cuente con las herramientas adaptadas a su discapacidad visual. De hecho, durante el mandato anterior (2007-2011), con Gobierno municipal del PSOE, desarrolló con toda normalidad su trabajo como concejala delegada de Deportes.
Entonces, la secretaria del Ayuntamiento se encargaba de adaptarle toda la documentación a textos con letra de tamaño 24 y en negrita, pero desde la llegada del PP al Gobierno municipal, en el año 2011, esta obligación legal ha dejado de cumplirse. La concejala socialista insiste en que “está sufriendo discriminación, porque los textos en formato normal obligan a que alguien se los lea o a realizar un enorme esfuerzo para leerlos por sí misma, lo que puede dificultar su concentración y comprensión, y es algo que se puede resolver fácilmente, solo con buena voluntad por parte del equipo de Gobierno del PP para cumplir la normativa y respetar los derechos de las personas con discapacidad”.
