Ayer el Diario "El Pais" para Cataluña decía lo siguiente:
"La Generalitat retiró la pensión no contributiva de 104 euros a una septuagenaria por tener comida y alojamiento en el centro socio sanitario en el cual está ingresada. Según informa la Cadena SER, la mujer, que se recupera de un ictus que sufrió el 24 de diciembre de 2011, fue informada por carta de que ya no tenía derecho a percibir esta paga al residir en un centro sanitario público. Además, la Generalitat le pidió que devuelva el importe correspondiente a los meses de junio y julio, un total de 208 euros.
El marido de la anciana, operado dos veces de cáncer, denunció esta decisión y pidió a la Generalitat que les deje pagar la deuda por mensualidades de 10 euros. El hombre, que cobra una pensión de 570 euros, admitió en directo en la cadena de radio este miércoles, que su situación económica era muy difícil ya que paga un alquiler de 215 euros más los gastos y que se ha tenido que limitar en comer una vez al día.
La carta no responde a ningún error administrativo sino que responde a una ley de 2006, aprobada por el tripartito, según la cual una persona que vive en un centro público, ya sea sanitario, una residencia o la cárcel, no tiene derecho a percibir una pensión no contributiva. El Gobierno considera que no tiene que pagar a estas personas ya que están alojadas y comen gratuitamente en estos centros.
El consejero de bienestar social, Josep Lluís Cleries, calificó este tipo de requerimientos de “molestos” pero apoyó la decisión del Gobierno y advirtió que el matrimonio no tiene más opción que cumplir con la ley. Para Cleries, la Generalitat no puede “pagar dos prestaciones porque si no, nos lo podrían reclamar todos los demás que no la reciben”. Asimismo, el consejero argumentó que una administración debe dar cuenta de que "el dinero que recibimos lo gastamos bien”.
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